Por: Pepe Mejía desde Madrid
El pasado 29 de octubre una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) arrasó literalmente Valencia, la tercera ciudad más poblada del estado español. En la provincia de Valencia cayeron hasta 500 litros de agua por metro cuadrado y en algunas de sus poblaciones llovió más en un rato de lo que suele hacerlo en todo el año.
223 fallecidos (215 en la Comunitad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha, 1 en Andalucía) y alrededor de 17 desaparecidas. Casas, fábricas y negocios arrasados. La tragedia y el dolor se podría haber evitado si empresarios y responsables políticos hubiesen puesto en marcha medidas de prevención.
Después de la tragedia y el desatino de responsables políticos ahora toca la reconstrucción.
Según informaciones oficiales, 37.004 personas han sido rescatadas, 78 municipios han sido afectados: 75 en Valencia, 2 en Castilla-La Mancha, 1 en Andalucía. El ejército desplegó a 8.608 miembros y ha movilizado a 22 psicólogos y 2 psiquiatras.
Además de los vehículos terrestres, aéreos y acuáticos especializados que suman un total de 2.038, han sido desplegados 12 helicópteros, 105 máquinas de ingenieros, 1.792 vehículos de intervención y transporte, 30 drones, 37 ambulancias, el Buque Galicia, 2 cazaminas y 19 perros de búsqueda.
Se han distribuido 6.000 litros de agua, 1.600 kg de comida y 3.000 kg de ropa en las últimas 24 horas.
Después de la devastación producida por la DANA ahora afrontamos la reconstrucción de la mano de la corrupción y la militarización.
La primera medida: subirse los sueldos
La primera decisión del presidente valenciano, Carlos Mazón, ha sido la incorporación del teniente general retirado del Ejército de Tierra Francisco José Gan Pampols, que asumirá la Vicepresidencia para la Reconstrucción de la DANA.
Gan Pampols fue director de la Academia General Militar y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Durante su carrera, ha participado en misiones internacionales en Bosnia-Herzegovina, Kosovo o Afganistán.
Su último destino, hasta enero de 2020, fue el de jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN en Bétera.
También, por decisión de Mazón, el general de brigada del Ejército de Tierra, Venancio Aguado de Diego, se ocupará de la Secretaría Autonómica del gabinete del vicepresidente para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana.
Aguado ha estado desplegado en misiones de la OTAN en Kosovo, como jefe de Operaciones de la AGT Aragón, y en Afganistán, en la Sección de Operaciones Futuras de la Brigada Multinacional de la Región W. En 2017 ejerció el mando del Sector Este de la misión de Naciones Unidas en el Líbano.
La primera medida del nuevo Consell haya sido subir el sueldo a los nuevos miembros de su Gobierno en vez de aprobar el decreto de ayudas directas a los afectados por la DANA. Lo primero que han hecho es reconstruir su salario.
Mazón defiende que Gan Pampols pase de cobrar de 44.000 a más de 92.000 euros
Mientras unos se suben los sueldos, la población, que lo ha perdido todo, sufre el encarecimiento del transporte y la subida de precios en el alquiler de vivienda, compra de vehículos y productos de primera necesidad.
Benefician a empresas condenadas por corrupción
Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha adjudicado para la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras el paso de la devastadora DANA contratos que suman 34 millones de euros a empresas condenadas en casos de corrupción vinculadas a la financiación del derechista Partido Popular (PP).
Así, parte de los contratos de emergencia que el actual PP ha adjudicado después de la tragedia han ido a parar a compañías del tejido empresarial vinculado al sector de la construcción que, durante los años de la burbuja, tuvo como protagonistas a dos altos cargos del PP: Francisco Camps, que fue President de la Generalit y Rita Barberá, que fue alcaldesa de Valencia.
A continuación, se detallan las empresas condenadas en casos de corrupción del propio PP y que Carlos Mazón les ha adjudicado contratos tras la tragedia de la DANA en Valencia.
- Sociedad de Agricultores de la Vega: fue condenada por el caso Taula y ha recibido al menos dos contratos por 9,5 millones de euros.
- FCC Aqualia S.A.: es la adjudicataria de un contrato por 7,4 millones de euros. A su vez, es filial de Fomento Construcciones y Contratas S.A. (FCC), condenada en el caso Taula.
- Becsa S.A.: ha obtenido al menos dos contratos por 6,2 millones de euros y su administrador único, Gabriel Alberto Batalla Reigada, condenado en el caso Gürtel, aparece mencionado en la documentación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
- Pavasal S.A.: condenada por el caso Taula, ha recibido al menos dos contratos por 5,7 millones de euros. Su filial, Pavagua Ambiental S.L.U., obtuvo un contrato adicional por 426.708 euros.
- CHM Obras e Infraestructuras S.A.: adjudicataria de un contrato por 2,8 millones de euros. En el momento de los hechos relacionados con el caso Gürtel, Rafael Martínez Berna era presidente del consejo de administración, mientras que Tomás Martínez Berna, también condenado, ocupaba el cargo de secretario.
- Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A. (Facsa): condenada en el caso Gürtel, ha recibido al menos dos contratos por 1,5 millones de euros.
- Ocide Construcción S. A.: investigada en el caso Azud, ha obtenido al menos dos contratos por 15,6 millones de euros.
El malestar crece
En este contexto, el malestar crece.
En una manifestación, en donde participaron más de 150.000 personas en una ciudad de menos de 800.000 habitantes, se pidió la dimisión del President. Al grito de “mientras Mazón comía, el pueblo se ahogaba” la multitud recorrió las principales arterias de Valencia.
Convocada por 58 entidades y respaldada por otras 158 la cabecera de la manifestación portó la pancarta en la que se podía leer «Mazón dimisión». También hubo pancartas con lemas: «Mazón, ni olvido ni perdón» o «No estamos todos, faltan los que habéis ahogado».
Las portavoces resaltaron «inaceptable la militarización del Gobierno de la Generalitat», y han señalado que Mazón «no puede encabezar la reconstrucción ni la reparación de aquello que se ha deshecho por su irresponsabilidad y desidia criminales». En este sentido, han exigido su dimisión y la de su Consell por «no saber estar a la altura de las circunstancias», el replanteamiento de las políticas económicas, la activación de medidas concretas de ordenación del territorio y frente al cambio climático, y la adopción y consideración del derecho a la vivienda como una de las prioridades centrales de este cambio de dirección. También han pedido iniciar de oficio el procedimiento judicial que determine y depure las responsabilidades por «las consecuencias evitables de la catástrofe».
Mar Bueno, otra portavoz, manifestó que «Estamos aquí porque la ayuda no está llegando, sólo repartiendo dinero entre amigos de Mazón». ”Son el gobierno de la destrucción, son el gobierno militarizado, el gobierno que solo está dando dinero a las empresas castigadas y vinculadas a las casos de corrupción. No queremos que ellos dirijan la reconstrucción y el retorno a la normalidad de la gente que está abandonada en pueblos y ciudades“.
Durante la manifestación se ha resaltado la “autoorganización» de la sociedad para movilizarse en manifestaciones como ésta, así como la solidaridad con municipios afectados.
«Nuestras manos manchadas de barro, las vuestras de sangre». «No son muertes, son asesinatos». «Un mes después, la gran mayoría de afectados no han visto un euro de las ayudas. Lo único que ha hecho el consell ha sido subirse el sueldo a ellos o repartirlo entre empresas vinculadas a casos de corrupción, es una vergüenza», han señalado.
