El día 13 diciembre el congreso peruano recibió una carta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) exigiendo se aprobara la modificación de la Ley N.º 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, a través del texto sustitutorio que reunía los proyectos de ley 649/2021-CR y 894/2021-CR.
El día 14 de diciembre el congreso aprobó rápidamente la modificación en una evidente acción coordinada para beneficiar a los empresarios en perjuicio de los pueblos indígenas y el medio ambiente.
En conversación con Lucha Indígena el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan Carlos Ruiz Molleda, quien realiza un trabajo incansable acompañando a los pueblos indígenas en la Amazonía Norte y está preparando la demanda de inconstitucionalidad de la modificatoria a la ley forestal, nos ayudó a formarnos una idea más completa del contexto de la gravísima situación que enfrenta la región.
La ley del dinero
Esta modificatoria, impulsada por el lobby empresarial, lo que hace es legalizar la deforestación en la selva.
El art. 37 de la actual ley forestal N°29763, prohibía que una tierra con aptitud forestal pueda ser entregada como propiedad privada o sea utilizada para la agricultura y la ganadería. En teoría esta prohibición debía impedir la deforestación, debía impedir que se hagan actividades agrícolas en tierras forestales.
La ley también exigía hacer un proceso de calificación de tierras que consiste en sacar unas calicatas para evaluar el tipo de tierra. Según eso se determina el tipo de tierra: agrícola, ganadera o forestal. Si no haces calificación de tierras no puedes hacer cambio de uso.
La modificatoria aprobada el 14 de diciembre va a ser ley en 10 o 12 días. No hay manera de pararla debido a la manera en que se aprobó, por insistencia, luego de que el ejecutivo la observara.
Esta norma legaliza todas estas actividades agrícolas que hay en la selva. O sea, convalida y alimenta la deforestación en un momento de por sí dramático para los bosques y los pueblos indígenas.
Es grave para la protección del bosque que la Confiep haya mandado una carta al presidente del congreso porque, dentro del montón de empresas, por lo menos tres están detrás de la rápida aprobación de la modificación: Cachiyacu en Loreto, Ochosur P en Ucayali y el Grupo Romero.
Por si fuera poco, gracias a la nueva “ley de deforestación” se caen todos los procesos penales contra los taladores ilegales y contra las empresas de palma aceitera que han deforestado de manera irregular
Todas las investigaciones policiales, fiscales y los procesos judiciales penales serían archivados generándose una impunidad de los deforestadores, tanto a nivel administrativo como a nivel penal por delitos contra los recursos naturales cometidos por organizaciones criminales.
La muerte del bosque
En el Perú, cada año se deforestan 150 mil hectáreas de bosque amazónico.
Es terrible el nivel de deforestación a cargo de montones de colonos, y de empresas chicas y grandes que están tumbando el bosque para hacer actividades agrícolas.
Las actividades agrícolas además son muy temporales en la selva. Por lo general, después de una o dos cosechas la lluvia se lleva los nutrientes y las tierras se abandonan. No es una agricultura permanente. Se deforesta y luego esa tierra queda inútil. Esto es muy grave, además porque promueve el sobrecalentamiento global, el cambio climático.
Por eso es que la legislación prohibía el cambio de uso forestal a agrícola o ganadero, obligando a hacer la calificación de tierras.
En la actualidad, los colonos y las empresas obtienen constancias de posesión otorgadas por los gobiernos regionales y los municipios, pero no tienen propiedad. Y nunca deberían tenerla.
Entonces las empresas grandes que quieren esas tierras en propiedad han estado haciendo lobby y han estado haciendo presión para modificar la ley.
Las empresas contra el territorio indígena
Otro gran problema es que esta nueva norma va a afectar el derecho al territorio de las comunidades.
En el Perú hay 2600 comunidades nativas y cerca de 700 no tienen título de propiedad. Esta norma va a afectar a estas comunidades que ya están siendo objeto del despojo.
La titulación depende de la dirección agraria de los gobiernos regionales que muchas veces, a pesar que las comunidades piden la titulación, no lo hacen por falta de recursos o simplemente por corrupción.
Entonces las grandes empresas capturan los gobiernos regionales, bloquean la titulación de tierras y, a través de terceros, de matones y de sicarios, se apropian de las tierras de las comunidades para realizar sus cultivos.
Una comunidad sin título es una puerta abierta a los grupos ilegales, el narcotráfico, el negocio de la palma aceitera, los cocaleros, los traficantes de tierra, usurpación de tierras, tala ilegal, etc.
Una muestra es lo que pasó en la Comunidad Santa Clara de Uchunya, donde la empresa Ochosur P (Plantaciones Pucallpa) coimeó a los funcionarios del gobierno regional para que demorara la titulación del territorio comunal y sin embargo a ellos si les dieron propiedad privada.
Ahí hay todo un sistema de corrupción muy bien montado desde el estado.
La titulación de las comunidades es vital porque, aunque la titulación no implica que estén a salvo de la invasión de sus territorios, las cifras demuestran que las comunidades tituladas y bajo control de comunidades nativas tienen mas éxito en la lucha contra la deforestación.
El desastre del negocio de Palma Aceitera y la excusa del derecho al trabajo.
Uno de los cultivos más rentables y que a la vez tiene una gran capacidad de destrucción es la palma aceitera. Es tremendamente dañino. En Asia ha deforestado los bosques de regiones enteras y en el Perú están cometiendo lo mismo las grandes empresas que están detrás de esta ley de deforestación.
Sin embargo, ponen como argumento la protección del derecho al trabajo y la promoción de las inversiones. Y es que, así como hay grandes empresas que están deforestando, también hay pequeños colonos que tienen 4 o 5 hectáreas y que están en la misma situación: invaden territorios, deforestan, realizan dos cosechas y luego se van a otro sitio a buscar más. Al final tienes una gran cantidad de tierras empobrecidas, destruidas, deterioradas.
Los grupos de poder van a usar a estos pequeños colonos como bandera para decir: mira, también están afectado a los más pequeños y su derecho a trabajar.
Lo cierto es que el tema es complicado desde el punto de vista social. Es el caso de la Junta Nacional del Café que se ha pronunciado preocupada por las normas europeas que anuncian que desde el 2025 no comprarán café ni cacao que provenga de zonas deforestadas o sin titulación
La “respuesta” de las comunidades indígenas
Existe una respuesta, pero no es lo que se esperaría. Los pueblos tienen una agenda propia lejos del actual colapso del estado y de las llamadas instituciones democráticas.
La gente en las comunidades está en otra cosa, están en otro mundo preocupados principalmente en la subsistencia. La situación es terrible
Invasión de minería ilegal, invasión de madereros, falta de presencia del estado, falta de actividades productivas que den autonomía económica a las comunidades, derrames de petróleo, eso. Esas son sus preocupaciones. Ven muy lejos lo que pasa en la capital.
Se podría decir ocurre lo mismo en las comunidades altoandinas que tiene que enfrentar la contaminación de los ríos, el despojo de los territorios, el crimen organizado y la trata de personas que provocan la minería, el narcotráfico.
La agenda de la subsistencia marca a nuestros pueblos y es su principal preocupación. Desde el estado no hay proyectos productivos, no hay servicios públicos. Lima es muy lejos. La democracia estatal, el gobierno nacional, la justicia nacional está muy lejos.
Por décadas (tal vez siglos) no ha existido un estado que responda a las necesidades de los pueblos indígenas de la Amazonía. Así es. Somos un país fragmentado.
Parte de esto también tiene que ver con que el movimiento indígena está muy golpeado. Ante el repliegue del estado, los pueblos indígenas están dando una batalla en solitario frente a los grupos ilegales. Están dando esta batalla y los están matando.
Otros problemas son el crecimiento poblacional, el agotamiento de los recursos, la penetración de las mafias en la organización, la falta de formación de cuadros en las dirigencias del movimiento indígena, la destrucción del tejido social.
“Yo pienso que los gobiernos territoriales autónomos son el horizonte hacia donde hay que caminar desde los territorios”, nos dice Juan Carlos y recalca que frente a la destrucción de la institucionalidad democrática del estado “es la calle, la gente movilizada y los medios independientes los que están dando la batalla.”
