El 30 de mayo la policía quemó las casas de los comuneros en el sector de Sallawi y los atacó violentamente, resultando al menos 8 heridos de la comunidad de Pumamarca. La intervención, realizada sin ninguna orden judicial, comenzó en la madrugada y duró todo el día. Ruben Huamani, presidente de la comunidad, viajó a Lima y se pronunció de la siguiente manera:
“Abusivamente ellos han venido maltratando a nuestros compañeros. Han disparado bombas lacrimógenas, con balas. Allí están nuestros comuneros heridos.
Denuncio a la empresa MMG Las Bambas, a los policías y al comandante. Nosotros no queremos ese abuso. Ese sector se llama Sallawi. Allí nosotros vivimos con nuestro ganado, allí están nuestras cabañas. Ellos han quemado nuestras chozas. Ahí estaban señoras, niños. Ahí estaban abuelos.
Hablando sobre el medio ambiente, ya están empezando el tajo de Charcas. Cuando hacen voladura, ese polvo, cantidad, genera impactos. ¿A dónde va ese polvo? A la comunidad de Pumamarca. Nosotros recibimos esas contaminaciones.
De acá a 10 años o 5 años, seguramente va a haber problemas sobre el medio ambiente. Nosotros no queremos sufrir de contaminaciones. Igual también están nuestros recursos hídricos, nuestras aguas, nuestros riachuelos, nuestros manantes.
Como autoridad, a nombre de mi comunidad, a las autoridades del estado, ellos que nos escuchen. Que vayan los ministros de Energía y Minas, que vaya el ministro de Medio Ambiente, Ministro de Justicia y otras autoridades. Nosotros buscamos justicia. Nosotros queremos que nos solucionen de parte del estado, de la empresa.
Ese problema ha ocurrido año y año. Siempre pasan problemas. Ojalá que nos escuchen las autoridades del Estado. Ellos que vayan a mi comunidad, de ahí que nos informen, de ahí llevamos unas reuniones con la empresa, con el estado para tranquilizar, para vivir tranquilo.”
Mientras esto ocurría, otro grupo policial reprimió a la comunidad de Huancuire que se había movilizado el 29 de mayo a la zona donde se realizan trabajos del tajo de Challcobamba, acompañada de funcionarios de la Autoridad del Agua para constatar la situación de las fuentes de agua por las afectaciones de sus manantiales, bofedales y puquiales, ya que el tajo se encuentra en cabecera de cuenca. Las comuneras y comuneros decidieron quedarse a dormir en la zona y en la madrugada del 30 de mayo la policía arremetió violentamente provocando más heridos.
Ambas comunidades se encuentran afectadas por la actividad de la minera MMG Las Bambas que apenas en febrero inició los trabajos del Tajo Chalcobamba y se jactaba de trabajar estrechamente con la comunidad Huancuire.
El proyecto se desarrolla en área con derecho especial denominada “Área de no admisión de petitorios” de 33,063 ha, donde se ubican 4 tajos:
Tajo Ferrobamba 400 ha-
Tajo Chalcobamba 600 ha-
Tajo Sulfobamba 400 ha-
Tajo Charcas 400 ha
El año 2022 varias comunidades paralizaron las actividades de la minera durante 57 días tras los cuales se iniciaron una serie de mesas de trabajo que fueron alargadas por la minera hasta el mes de diciembre cuando el poder económico se deshizo del presidente Castillo, se rompieron las conversaciones y la empresa pudo continuar con sus planes de expansión con el respaldo del gobierno de Dina Boluarte.
El estado de emergencia permanente impuesto sobre el corredor minero sur desde hace años fue extendido durante 30 días más. Militares y policías resguardan los intereses del extractivismo, atacando a la población, hiriendo a desarmados comuneras, judicializando a los líderes de las comunidades y mintiendo abiertamente al señalar que se trata de una interdicción policial para frenar la minería ilegal.
Los mismos días 10 comunidades que se verán afectadas por la ampliación Ccorocohuayco de la minera Antapaccay en Espinar también llegaron hasta las instalaciones de esa mina para exigir se respete la realización de una consulta previa puesto que las poblaciones ya contaminadas con metales pesados y afectados en sus actividades económicas y de subsistencia se resisten a continuar con el desprecio y depredación de esta minera que lleva más de 40 años en la región kana.
La agrupación de comunidades que se oponen en Espinar ha ido disminuyendo debido a los trabajos de división, cooptación y compra de conciencias.
Hay que recordar también que el principal y más visible dirigente de este rechazo, el exalcalde de Espinar Oscar Mollohuanca fue asesinado hace dos años, días antes de ser elegido alcalde de su distrito.
Contexto del conflicto
Los organismos de derechos humanos hablan de asimetría en los tratos de la Minera MMG Las Bambas, puesto que los contratos de compra venta de los terrenos de las comunidades se dieron en medio de la influencia del enorme poder de la empresa y el favor incondicional del estado.
Con respecto al caso de la comunidad de Pumamarca el Centro Bartolome de las Casas-Cusco, relata que:
- En 2011, MMG Las Bambas compró 1000 hectáreas del sector Sallawi a la comunidad de Pumamarca, por el precio de $2,000.00 la hectárea. Esto es $0.20 el m2.
- El 18 de abril del 2012 se pide una renegociación de la venta de las 1000 hectáreas, entre la comunidad y el representante de la empresa minera, que por entonces era el gerente de relaciones comunitarias, Valentín Choquenaira, llegando a un acuerdo de S/. 1,000,000.00 (un millón de soles).
- Se precisó que estos terrenos no iban a ser cercados ni explotados, que sólo iban a utilizarse para la construcción de un campamento y que al finalizar la operación minera iban a ser devueltos a la comunidad de Pumamarca.
- Aunque el documento dice “venta”, se acordó el retorno del territorio, lo que es una concesión.
- En cuanto a la condición para la devolución o retorno de las 1,000 hectáreas a la Comunidad, esta está supeditada a la finalización de las operaciones mineras. Es importante destacar que en el momento de la firma del acuerdo de venta de dichas tierras, ya estaba aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Las Bambas, el cual estableció una duración operativa de 18 años. Según el cronograma aprobado, esta operación comenzó en 2014 y culminará en 2031.
- El 2020 un grupo de comuneros se asentaron en el sector de Sallawi, donde realizaban actividades agrícolas y ganaderas.
- El estatuto de la comunidad de Pumamarca, en su artículo 82, literal “d”, contempla el siguiente contenido “Las tierras agrícolas de Layme del sector de Sallawi son intangibles y su finalidad es cultivar productos, pastos, forestar, etc., en proporciones iguales por cada comunero. Siendo prohibido su cambio de uso”.
- El 12 de mayo de 2023 la empresa minera Las Bambas solicita la evaluación de la Ficha Técnica Ambiental (FTA) en el sector de Sallawi para un proyecto de exploración.
- El 23 de febrero de 2024, la comunidad de Pumamarca, a través de su presidente Rubén Huamani Criollo, solicitó la nulidad de la Resolución Directoral N° 095-2023/MINEMDGAAM.
Esta resolución autoriza la Ficha Técnica Ambiental del proyecto de exploración “Sallawi Norte” de Las Bambas.
Cronología del Proyecto “Sallawi Norte”
- 12 de mayo de 2023: Las Bambas solicita la evaluación de la Ficha Técnica
Ambiental (FTA) para el proyecto de exploración. - 18 de mayo de 2023: El MINEM solicita a Las Bambas subsanar las
observaciones hechas a la FTA. - 24 de mayo de 2023: Las Bambas presenta la corrección de observaciones.
- 30 de mayo de 2023: La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
aprueba la FTA y permite las actividades de exploración de “Sallawi Norte”.
La comunidad de Pumamarca ha solicitado la nulidad de esta resolución por varios
motivos:
- Desconocimiento de la ocupación de comuneros: Las Bambas argumentó
que el área de “Sallawipampa”, donde pretendía ejecutar su proyecto
“Sallawi Norte” no estaba ocupada por personas. Sin embargo, actas de
constatación del juez de paz de Tambobamba confirman la presencia de
familias y actividades ancestrales en la zona. - Cumplimiento de Lineamientos y Criterios de la FTA: La FTA se puede aplicar
sólo cuando el área del proyecto no incluye poblaciones y mantiene una
distancia prudencial para evitar impactos. La presencia confirmada de la
Comunidad Campesina de Pumamarca incumple estos criterios. Las casas
quemadas durante el 30 de mayo de 2024 confirman esta situación. - Falta de Consulta Previa: No se realizó la consulta previa con la comunidad,
un derecho protegido por el Convenio 169 de la OIT y la Ley N° 29785. - Estatuto Comunal: El Estatuto Comunal de Pumamarca prohíbe actividades
mineras en su territorio ancestral. La resolución contradice estos estatutos y
compromisos previos.
En mayo de 2023, la empresa minera solicitó unilateralmente y de espaldas a la comunidad la evaluación de la Ficha Técnica Ambiental a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros para el proyecto de exploración en el sector Sallawi, donde se encontraban viviendo familias de comuneros, realizando actividades de agricultura y ganadería. Estos hechos reflejan la desigualdad estructural, un desequilirbio que se ve agravado por la falta de cumplimiento del rol del Estado de proteger a la ciudadanía, y el desprecio por parte de la empresa minera hacia
los derechos fundamentales de las personas que viven en su zona de intervención.
Comentarios de actores de derechos humanos involucrados en la zona
Beatriz Cortés de la Red Muqui
“El uso de la fuerza desproporcionado de la policía es algo que se tiene que rechazar siempre…Es bastante evidente que tanto empresa como estado han estado bien alineados en un mismo discurso de que se trataba de una interdicción por minería ilegal…Es importante poner en la balanza qué es lo que pesa más: los derechos civiles de la empresa o los derechos humanos de la comunidad. Por un terreno puedes recibir plata pero ¿si contaminan el aire, el agua, si empiezan a contaminarte con metales tóxicos? Los dirigentes son jóvenes y hay que evaluar la perspectiva de sus nuevas generaciones y cómo van a afrontar eso.”
Muestra cómo estas negociaciones bilaterales, secretas, uno a uno, con esta idea de divide y negocia, al final terminan generando conflictos.
“Ese discurso de la inversión por la inversión no nos ha traído nada bueno en estos años, estamos en una crisis económica y política muy grave. No declinar a ser un país soberano implica enfrentar los condicionamientos de los capitales extranjeros y, aunque los minerales, no es algo que se pueda dejar de un momento a otro, creo que es importante poner en el centro el tema de la salud ambiental, el cuidado del agua sobre todo, porque estamos en un momento de crisis climática que ahora y para las generaciones que vienen es algo muy preocupante.”
Henry Vasquez, equipo territorial de Cooperación
“El proyecto las Bambas está funcionando bajo la protección de permanente estado de emergencia…en Cotabambas los principales dirigentes están siendo notificados y se les siguen procesos judiciales por tomar como mecanismo de reclamo la protesta social. Eso es un tema que enormemente va debilitando el tejido organizacional.
José de Echave, Cooperacción
“Las empresas mineras están intentando expandirse, aprovechar un contexto internacional donde los precios de los minerales, sobre todo los de la transición energética como es el cobre, están altísimos, y entonces están buscando acelerar sus procesos de ampliación productiva… Sobre Conga, que ni siquiera es una prioridad para la empresa dueña de Yanacocha, pero el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho y el presidente del consejo de ministros la han puesto en agenda.”
Las comunidades empiezan a hablar de por qué la gran minería se va a llevar los bienes naturales que están debajo de la tierra y por qué nosotros no los podemos explotar. Se habla de la extracción soberana que pueden hacer las comunidades. Lo cierto es que si uno ve la experiencia en el Perú o en cualquier parte del mundo, la comunidad que ha empezado a hacer minería sin duda es un camino casi sin retorno y ese intento de hacer minería termina siendo compartido, y en algunos casos termina siendo controlado, por otros actores externos a las comunidades.
Pero yo no conozco un caso donde una comunidad campesina, una población rural hizo minería y se quedó haciendo minería de manera artesanal sin utilizar cianuro, sin utilizar mercurio, y después sin comenzar a utilizar maquinaria cada vez más sofisticada. La producción de rentabilidad que era 10 se puede convertir en 200 o 300 y, bueno, la tentación es enorme… Es un factor que comienza a traducirse en situaciones de tensiones y disputas territoriales entre comunidades, porque la labor tal o cual de la extracción minera está en realidad en una zona limítrofe y muchas veces como hemos visto en otras zonas del país esas disputas se resuelven de manera violenta.”
Hoy en día también en los territorios hay esta otra realidad que ha crecido, se ha expandido sobre todo con la pandemia que marca un antes y después.
