La actual presidenta de la asociación civil denominada Consejo de Mujeres Awajun Wampis, Umukai Yawi (Comuawuy), Rosemary Pioc, denunció que los casos de violación a menores por parte de docentes y promotores de las escuelas y «residencias escolares» de la región del Amazonas, siguen quedando impunes y acumulándose como una prueba más de la cruel política estatal contra las comunidades originarias en el Perú.
Ninguno de los 524 profesores del ministerio de educación denunciados ha sido procesado penalmente y solo 120 han sido retirados de sus cargos públicos. Otro terrible resultado, además de los embarazos, los arreglos por dinero y el daño personal y social hacia las víctimas y las comunidades, ha sido el aumento alarmante en casos de VIH-Sida entre las escolares.
De la conversación con Rosemary Pioc de la asociación Consejo de Mujeres Awajun y Wampis
El Gobierno Territorial Autónomo Awajun (GTAA) está en proceso de generar un código procesal que permita homogeneizar la aplicación de la Justicia Especial que, en realidad, ya faculta a las comunidades a ejercer justicia en sus territorios siguiendo sus usos y costumbres.
La respuesta del estado ha sido una contra campaña contra las denunciantes, expresiones racistas e ignorantes sobre las culturas amazónicas por parte de sus funcionarios y las habituales visitas de propaganda sin la menor intención de atender al problema realmente.
Para entender la situación, conversamos con la weysam del GTAA, Matut Impi Ismiño, quién resaltó que la violación es una práctica terrible que ha llegado a sus comunidades de la mano de las políticas extractivistas de los estados desde la época del caucho hasta la minería ilegal en la actualidad. Por su parte la presidenta de la asociación Comuawuy, Rosemary Pioc, indicó que al estado sólo le interesa enriquecerse del territorio a través del extractivismo, enriquecerse de la pobreza de la gente.
Conversación con la weysam Matut Impi Ismiño del Gobierno Territorial Autónomo Awajun.
Es importante insistir en que eso que las autoridades y las organizaciones de las comunidades llaman «abandono del estado» es, en realidad, un intento de conciliar con un estado que no los ha abandonado, sino que les ataca, les envía un ejercito de profesores pagados que abusan de sus niñas, policías que contribuyen con los mineros ilegales y autoridades relacionadas a todas las actividades que destruyen el territorio.
La solución no es sencilla, pero no llegará de la mano de quienes organizan el saqueo, dividen a las poblaciones y permiten la violencia y el asesinato de líderes y defensores.
